El 26 de marzo de este año se realizó, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), la segunda audiencia al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su señora esposa, Cilia Flores. En esta oportunidad, la misma estuvo determinada por la solicitud precisa y puntual de la defensa de desestimar todos los cargos que rodean este ilegal proceso, en el cual, hasta el momento, y desde la violación de la soberanía venezolana —al producirse el secuestro de la pareja presidencial y el brutal bombardeo—, no se ha formulado imputación alguna, y mucho menos se han presentado descargos de pruebas.
Por supuesto, las agencias internacionales de comunicación y redes sociales, muchas veces maestras de la desinformación, solo publican el hecho puntual de la decisión del juez federal Alvin Hellerstein de no desestimar los cargos y continuar con el proceso en cuestión.
Y es lógico que, ante la magnitud de la responsabilidad de este veterano juez de 92 años —quien, según los entendidos, es un abogado de prolongada experiencia, con reputada experticia en casos de alto nivel, de carácter duro y ortodoxo—, haya negado en primera instancia las intenciones, consideradas provocadoras, de la defensa de la pareja presidencial, representada por el litigante Barry J. Pollak, abogado con más de 30 años de experiencia del bufete de alto perfil Harris St. Laurent & Wechsler, de desestimar todos los cargos.
Se entiende que el juez Alvin busca actuar con cautela y certeza en cada una de las decisiones que debe adoptar.
Pero, ciertamente, eso no fue lo más relevante del asunto. Lo importante es el porqué de la solicitud de desestimación.
Seguramente, el juez Alvin, al observar semejante planteamiento, se preguntaría el porqué de una solicitud tan determinante.
Y como se evidenció en la audiencia, la solicitud del señor Pollak se basó en la vulneración del derecho a la legítima defensa y en la mala fe del Estado norteamericano, al impedir que el presidente Nicolás Maduro y su esposa puedan acceder a los recursos de la nación (Venezuela) para ejercer su defensa.
Ante esta situación, el juez Alvin increpó a la fiscalía, encargada de representar al Estado norteamericano, preguntándole el motivo de dicho impedimento. El Estado, en la figura del fiscal, señaló que Venezuela se encuentra bajo un régimen de sanciones y que, especialmente en el caso de la pareja presidencial, por representar un supuesto peligro para la seguridad del Estado norteamericano, no se les permite el uso de recursos provenientes de su país de origen.
Frente a ello, el juez indicó a la fiscalía que explicara cuál era la situación de riesgo, considerando que los presuntos imputados se encuentran presentes en el tribunal y bajo detención. Asimismo, manifestó no advertir un peligro real para la seguridad del Estado norteamericano. Añadió que, de mantenerse esta situación sin una debida aclaración, se estaría vulnerando el debido proceso y el derecho a la legítima defensa, derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y otros convenios que rigen el Derecho Internacional. En tal sentido, las sanciones unilaterales no pueden estar por encima de estos principios ni de la normativa constitucional estadounidense.
En esa línea, el juez recordó que en Estados Unidos se garantiza la defensa pública para todo ciudadano —estadounidense o extranjero— que sea juzgado bajo sus leyes y que no cuente con recursos económicos. Sin embargo, precisó que, en el caso de la pareja presidencial, estos sí disponen de medios para costear su defensa, por lo que dicha figura no resultaría aplicable.
En consecuencia, ante las inconsistencias y la falta de información suficiente, el juez Alvin ordenó a la fiscalía presentar pruebas más firmes y contundentes que justifiquen la prohibición del uso de recursos venezolanos para la defensa. Asimismo, dio por concluida la segunda audiencia sin fijar nueva fecha, a fin de que las partes exploren posibles puntos de coincidencia o negociación.
