I. El exordio: el papel contra la realidad
A menudo escuchamos que se han dictado nuevas leyes para “arreglar” el país. En este año dos mil veintiséis, el Perú vive una explosión de normas que prometen orden y seguridad. Sin embargo, el ciudadano común se pregunta: “¿Por qué, si hay leyes nuevas, mi realidad sigue siendo la misma?”.
A este fenómeno lo llamamos asimetría. Es la distancia que existe entre lo que el legislador escribe en su oficina y lo que el ciudadano vive en la calle. No basta con publicar una ley en la Gaceta; se necesita que esa ley tenga “piernas” para caminar y “manos” para trabajar.
II. Primera dimensión: el resguardo de lo que es de todos
El primer punto clave es la protección de los bienes del Estado. El Decreto Legislativo N.º 1726 (2026) le da ahora al Gobierno el poder de recuperar terrenos y edificios públicos de manera inmediata, sin esperar años de juicios. Esto suena a solución definitiva contra las invasiones.
No obstante, al mirar la experiencia de Venezuela con su Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014), especialmente en sus artículos 6 y 13, aprendemos una lección valiosa: la ley puede ser muy fuerte, pero si la institución no sabe dónde están sus bienes o no tiene el personal para vigilarlos, la norma se vuelve invisible.
La asimetría aquí es administrativa. De nada sirve la facultad de recuperar un terreno si no hay funcionarios honestos y capacitados para ejecutar la acción.
III. Segunda dimensión: justicia que no llega, no es justicia
El segundo eje es la seguridad ciudadana. El Perú ha endurecido las penas en el artículo 317 del Código Penal (2026) para castigar con más fuerza a las mafias. Todos aplaudimos el castigo al delincuente, pero la ley por sí sola no pone esposas.
En Venezuela, las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (2021) también prometieron rapidez. Pero la realidad nos enseñó que, si los tribunales están saturados y no hay tecnología moderna para llevar los casos, los procesos se detienen.
La asimetría aquí es operativa. El pueblo no quiere ver leyes más largas en el papel, sino procesos más cortos en los juzgados. Una pena de treinta años no asusta al criminal si sabe que el juicio nunca va a terminar.
IV. Tercera dimensión: el funcionario como servidor del pueblo
El tercer punto, y quizá el más importante, es el factor humano. La ley es una herramienta inerte si quien la maneja no sabe usarla.
La verdadera asimetría es de conocimiento. Necesitamos que el policía, el registrador y el juez reciban una formación técnica y humana constante. La ley debe explicarse con humildad y claridad para que el pueblo la entienda y la respete.
El puente entre la norma y la calle es el funcionario bien preparado, que entiende que su labor es servir y no simplemente firmar papeles.
V. Conclusión: un compromiso de todos
En conclusión, el éxito de este año dos mil veintiséis para el Perú no se medirá por cuántas leyes nuevas se impriman, sino por cuánto se acorte la brecha entre la ley y la práctica.
La eficacia real nace cuando el Estado deja de legislar solo para el papel y comienza a gestionar para la gente. El derecho debe ser el lenguaje de la solución, fundamentado en la verdad técnica y en el respeto por el bienestar de cada ciudadano.
