Después de la terrible orden ejecutiva del presidente Barack Obama al declarar a Venezuela… “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los EE. UU.” …
El presidente Donald Trump, en su primer mandato, el año 2017, aplicó las primeras sanciones que prohibieron negociar al gobierno del presidente Maduro nueva deuda, lograr financiamiento internacional e impulsar acciones económicas en el mercado de los EE. UU. Meses después, agudizará la situación económica del país a situaciones realmente extremas y muy peligrosas a inicios del año 2019, cuando sencillamente el gobierno venezolano estaba totalmente asfixiado y el pueblo se estaba muriendo de hambre.
En el 2018 bloquea la exportación de oro y, al año siguiente, bajo la figura de un interinato, la administración de Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, aplicando un bloqueo total a PDVSA, generando el cierre total de las exportaciones petroleras, principal fuente de ingresos del país.
La situación es extremadamente difícil y de una altísima virulencia política y económica, que obliga al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar acciones muy poco ortodoxas, pero altamente necesarias.
En consecuencia, el gobierno venezolano designa el 9 de abril del año 2018 al empresario Alex Saab como enviado especial, con protección diplomática, para realizar gestiones económicas internacionales que permitan, en medio del brutal bloqueo, la compra de medicinas, alimentos y combustible.
Sencillamente, la orden de operaciones dada al señor Alex Saab era evadir las sanciones y el bloqueo norteamericano y lograr traer los insumos necesarios en medicina, alimentos, gasolina, etcétera, para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y mantener a flote al gobierno nacional.
Para esto, el gobierno nacional desarrolló una sofisticada estructura —repito, nada ortodoxa— con empresas no convencionales, trueques con recursos como el oro, alianzas con países amigos con experiencia en esto de evadir sanciones, como Irán, Turquía, México y Emiratos Árabes, entre otros, convirtiéndose el señor Alex Saab en una especie de agente internacional facilitador o intermediario financiero entre el gobierno venezolano y proveedores internacionales también expertos en la evasión de sanciones.
De esa manera, ya para el año 2020 empezaron a llegar tanqueros con petróleo iraní, que solventaron medianamente la crisis de gasolina, así como materiales necesarios para arrancar las refinerías nacionales. También, por medio de sus negociaciones, se logró el suministro de insumos básicos necesarios para atender a la población venezolana en la epidemia del COVID y el programa de alimentos CLAP.
De esta manera, el gobierno venezolano, por medio del señor Alex Saab y sus negociaciones —diríamos poco ortodoxas, pero necesarias—, logró evadirlas, recuperando medianamente la estabilidad económica del país, seriamente afectada.
El 12 de junio del año 2020 es detenido por las autoridades de Cabo Verde, en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, en la República de Cabo Verde, en el continente africano, bajo solicitud roja de Interpol estadounidense, cuando realizaba un viaje de negocios a Irán.
Luego será sometido por las autoridades norteamericanas y llevado a los EE. UU., donde fue sometido a torturas, violentando todos sus derechos por más de un año y medio.
Era lógico: la administración del presidente Trump no iba a permitir que la administración del gobierno venezolano siguiera evadiendo las sanciones.
Luego, la administración del presidente Biden, el 20 de diciembre del año 2023, lo indulta, producto de extraordinarias negociaciones y canjes de prisioneros, logrando su libertad definitiva.
Dato curioso: la primera visita después de los sucesos del 3 de enero de este año, con los bombardeos al país y el secuestro de la pareja presidencial, fue la del director de la CIA, John Ratcliffe, y, casualmente, al primer funcionario venezolano que despachó la presidenta encargada, pidiendo su renuncia, fue el señor Alex Saab.
De manera paralela, pero con la misma función de evadir las sanciones buscando mejorar la situación económica del país, se crea en Venezuela, a finales del año 2017, un criptoactivo llamado el Petro, bajo el decreto 3.196, que también crea la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolanas, con las siglas SUPCAVEN.
Para el año 2018 se habían otorgado más de 5 mil licencias a mineros digitales en Venezuela, creando un audaz movimiento de explotación de minería digital nunca antes visto en nación alguna, y menos en Latinoamérica.
Venezuela se convierte en una verdadera potencia de criptoactivos a nivel mundial, poniendo en peligro la superioridad del petrodólar estadounidense.
En el año 2019 se crea, bajo decreto 41.575, el marco regulatorio para la creación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), que va a impulsar los activos digitales como el SHADOW BITCOIN (reserva oculta) y stablecoins (Tether), con la muy seria intención de proteger a la moneda nacional (el bolívar) de los ataques transnacionales y sancionatorios.
Para el año 2018, el señor Tareck El Aissami cumplía funciones como vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela y asumió con rigor la aplicación de los criptoactivos para desarrollar plataformas que pudieran neutralizar el dólar negro especulativo.
Al ser designado como presidente de PDVSA el 27 de abril del año 2020 y evaluando lo exitoso en el uso de los criptoactivos para la protección de la moneda, Tareck desarrolló en la estatal petrolera venezolana, junto a su equipo, impresionantes infraestructuras tecnológicas que permitían las negociaciones petroleras sin ser detectadas por las autoridades norteamericanas, haciendo uso de estos criptoactivos, evadiendo de nuevo las sanciones, burlándose del sistema financiero internacional, así como la ejecución de negociaciones de alta tecnología que permitían el ingreso de miles de millones de divisas norteamericanas al mercado nacional. Lo más increíble: ponían en tela de juicio, o mejor dicho, erosionaban la fortaleza del petrodólar, dañando seriamente a la economía norteamericana.
En consecuencia, para poder impulsar dentro del marco jurídico legal esta audaz estrategia tecnológica que ponía en jaque total al gobierno norteamericano, Tareck El Aissami concentró sus esfuerzos en dos instituciones fundamentales:
La nueva Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y las Garantías de los Derechos Humanos y en la SUNACRIP.
Recordemos que la Ley Antibloqueo faculta al presidente de la República para:
- Enfrentar las medidas coercitivas unilaterales que limitan el comercio, financiamiento y operaciones del Estado.
- Facultar al presidente para desaplicar normas legales vigentes si considera que obstaculizan la acción antibloqueo.
- Permitir ocultar información sobre las negociaciones; es decir, existe total secreto y confiabilidad.
- Promover la inversión privada nacional e internacional, manejar fondos sin consultar a nadie ni rendir cuentas. En consecuencia, Tareck El Aissami solo reportaba al presidente Maduro.
En el caso de SUNACRIP:
- Dictar normas y supervisar las casas de intercambio.
- Coordinar el registro integral de servicios para mineros.
- Otorgar permisos y licencias.
- Emitir licencias.
- Promover el uso y adopción del Petro.
- Velar por el cumplimiento de la normativa.
En este cargo, Tareck El Aissami designó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho como superintendente, de profesión criminólogo, egresado de la Universidad de los Andes (U. L. A.), quien acompañó a Tareck como director general de la Vicepresidencia de la República cuando este era vicepresidente ejecutivo y cuando fue gobernador de Aragua, como director de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Por esta razón, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia estadounidenses iniciaron la cacería del funcionario venezolano y su equipo, imputándolos en situaciones relacionadas con el narcotráfico y grupos de insurgencia.
El Departamento de Estado calificó esto como una “criptocracia” que vendía petróleo, oro y otros recursos minerales por medio del Petro venezolano, usando tecnologías blockchain para desviar fondos y evitar las sanciones.
El presidente de la República ordena operaciones anticorrupción en varias instituciones del gobierno nacional y descubre que, en la SUNACRIP, al reestructurarla, encuentran que existe un desvío entre 5.500 millones de dólares y 16 mil millones de dólares, y más de 74 empresas fantasmas.
Esto implicó la detención de Tareck El Aissami, Joselit de la Trinidad, Simón Zerpa y Hugbel Roa, todos egresados de la ULA, y más de 70 personas involucradas.
Se cree que estos funcionarios, al estar realizando actividades sensibles de alto riesgo para la seguridad del Estado venezolano, no entregaban cuentas claras y, como dicen en mi pueblo…
“…algo quedaba en la bolsa y en ocasiones quedaba bastante…”
Lo cierto de todo este asunto es que apenas ahora, esta semana, se está abriendo de nuevo el caso de la trama PDVSA/Criptoactivos para investigar, desde el debido proceso, a estos funcionarios.
Es muy importante señalar que ciertamente se perdió una oportunidad de oro para que Venezuela se convirtiera en una potencia en esto de las negociaciones con criptomonedas. Lástima que demasiado dinero, sujeto a la pura discreción de estos funcionarios que se dejaron llevar por sus ambiciones personales, paralizara tan poderoso proceso.
También es cierto que la ubicación de códigos y el conocimiento de las tecnologías siguen en manos, o en la mente, de estos funcionarios detenidos, que, a propósito, también es bueno indicar, nunca dieron declaración alguna de dónde y cómo se manejaron esos activos y se han mantenido todos —absolutamente todos— en un hermético silencio.
El dato curioso es que, después de casi 4 años de absoluto silencio, los juicios a estos funcionarios se le apertura en momentos de invasión silenciosa norteamericana.
Algunos expertos indican que la iniciativa de abrir estas investigaciones obedece, o tiene como objetivo, la recuperación y ubicación de estas tecnologías, así como su uso y códigos de inicio, que se supone están todavía en manos de este grupo comandado por el señor Tareck y que, específicamente, es lo que realmente les interesa a las agencias de inteligencia de los EE. UU. e Israel.
