En la vida hay una premisa ineludible: si no se toman decisiones, los problemas no se resuelven. Y aun cuando exista una solución, si no se ejecutan las acciones necesarias para hacerla realidad, se incurre en una negligencia absoluta. Peor aún, si esa inacción es deliberada, estamos frente a una de las formas más graves de irresponsabilidad.
En anteriores escritos he expuesto mi posición sobre los acontecimientos del 3 de enero de 2026. Mañana, viernes 3 de julio, se cumplen 180 días de aquellos hechos y, en términos prácticos, nada ha cambiado. El sistema criminal permanece intacto, parece limitarse a hacer lo que mejor sabe el poder cuando no quiere resolver un problema: ganar tiempo para que todo continúe igual y todo esto bajo una supuesta tutela de los Estados Unidos.
Mientras tanto, se anuncian leyes que parecen responder más a una estrategia propagandística que a un verdadero plan de recuperación nacional. Ahí está la Ley de Hidrocarburos, presentada como la puerta de entrada de grandes inversiones para rescatar la industria petrolera. La realidad, sin embargo, dista mucho del discurso. Apenas ha aumentado la producción de barriles y los beneficios siguen sin llegar al ciudadano común. Si esos recursos se reflejaran en hospitales abastecidos, escuelas funcionando o servicios públicos dignos, habría razones para reconocer algún avance. Pero eso no ocurre.
Algo similar sucede con los operativos contra las mafias en el estado Bolívar. Lo que muchos venezolanos perciben no es el desmantelamiento del crimen organizado, sino un simple relevo de actores: sale una mafia para que entre otra. Cambian los nombres, pero el problema permanece.
Y como decimos en el oriente venezolano: «éramos pocos y parió la abuela». Hace apenas una semana la naturaleza volvió a golpear con fuerza. No fue un terremoto, sino dos, ambos de gran intensidad, dejando pérdidas humanas y materiales incalculables. Frente a una tragedia de semejante magnitud, lo mínimo que esperaba era una respuesta inmediata y contundente del seudogobierno venezolano. Lo que hemos visto ha sido exactamente lo contrario: una pasividad alarmante, mientras las Fuerzas Armadas permanecían en sus cuarteles y los saqueos se multiplicaban sobre una población ya castigada por años de crisis.
Resulta inevitable preguntarse por qué esa contundencia militar sí aparece cuando se trata de reprimir manifestaciones ciudadanas. Allí sí vemos tanquetas, golpes contra ancianos y mujeres, agresiones a jóvenes y el uso desproporcionado de la fuerza contra personas que únicamente reclaman derechos consagrados en la Constitución. ¿Qué cambió esta vez? ¿Qué temor les impidió actuar? Lo único cierto es que la paciencia del pueblo venezolano tiene un límite y ese límite lleva años siendo puesto a prueba.
Pero hay un hecho que no puede pasar inadvertido. Más de dos décadas antes de la tragedia del 24 de junio, el Gobierno de Japón entregó al entonces presidente Hugo Chávez un estudio técnico que advertía, con cifras, mapas y simulaciones, que Caracas y el estado Vargas enfrentaban un riesgo sísmico extremadamente alto. El informe alertaba que, de no adoptarse medidas urgentes de prevención y mitigación, un terremoto de gran magnitud podría provocar miles de muertos, decenas de miles de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura crítica del país. Hoy, después de la tragedia que enluta a Venezuela, ese documento cobra una vigencia inquietante y plantea una pregunta inevitable: ¿qué se hizo con esas recomendaciones o, peor aún, ¿qué dejó de hacerse para que el país volviera a enfrentar una tragedia que ya había sido anunciada?
En otro frente, algunos cuestionan el intento de María Corina Machado —con quien, por cierto, mantengo importantes diferencias— de regresar al país. La pregunta es sencilla: ¿acaso no tiene derecho a hacerlo? Tiene exactamente el mismo derecho que cualquier venezolano. Y si su intención fuera acompañar a las víctimas, ofrecer solidaridad o gestionar ayuda para quienes lo perdieron todo, ese derecho resulta aún más legítimo.
Escuchar que presuntamente desde la Casa Blanca no se autorizaría su regreso constituye una auténtica desfachatez. ¿Desde cuándo otro país decide quién puede o no ingresar a Venezuela? El libre tránsito es un derecho constitucional, no una concesión política. Y que nadie venga con el argumento de «no politizar» la tragedia. Quienes hoy utilizan ese discurso son los mismos que durante 27 años han convertido cada crisis nacional en un instrumento de control político. Si no fuera así, ocho millones de venezolanos no habrían abandonado su tierra buscando oportunidades que su propio país les negó.
Por eso también resulta inevitable preguntarse cuál será, en realidad, la política del Gobierno de los Estados Unidos frente a quienes hoy ejercen el poder en Venezuela. Lo que se observa es una estrategia de avances y retrocesos permanentes: tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás, siempre bajo el argumento de preservar la estabilidad. Pero, ¿la estabilidad de quién? Porque la población venezolana hace mucho tiempo dejó de vivir en estabilidad.
¿De verdad cree el presidente Donald Trump que los venezolanos bailan en las calles porque son felices? ¿Qué es lo que realmente se teme? ¿Por qué las decisiones siguen posponiéndose? ¿Existe algún nivel de entendimiento o conveniencia con quienes han llevado al país a esta situación? Son preguntas que, tarde o temprano, deberán ser respondidas.
Tengo la impresión de que Venezuela se aproxima a un punto de no retorno. Y precisamente por la falta de decisiones firmes, pareciera que algunos terminaron haciendo realidad el viejo refrán popular: mataron al tigre, pero le tuvieron miedo al cuero.
Si eso ocurre, quienes terminarán pagando el precio no serán los gobiernos, ni los organismos internacionales, ni quienes negocian desde cómodos escritorios. Será, una vez más, el pueblo venezolano: hombres y mujeres que llevan demasiados años sobreviviendo entre promesas incumplidas, tragedias acumuladas y oportunidades perdidas.
Y ese pueblo, sencillamente, no merece seguir siendo la víctima de este macabro juego de intereses.
Un fraterno abrazo a todos
Corrector de estilo: Licenciada Milenka Mancilla Velásquez
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