El escenario político continental transita por una encrucijada donde la historia parece repetirse con un guion conocido, pero con desenlaces cada vez más complejos. Para el observador atento, el análisis de los acontecimientos recientes no puede reducirse a una lectura simplista de agradecimientos o condenas automáticas; requiere examinar las costuras de una estrategia geopolítica que vuelve a poner a prueba la soberanía y la dignidad nacional.
La memoria histórica de América Latina ofrece precedentes claros de cómo operan estas dinámicas cuando se cruzan los intereses de potencias extranjeras. El caso de Chile en 1973 constituye el reflejo de esta misma lógica: la intervención decisiva bajo la administración de Richard Nixon para desplazar a Salvador Allende no buscaba instaurar una democracia transparente, sino tutelar un modelo afín a sus conveniencias geopolíticas e intereses económicos, instaurando la dictadura de Augusto Pinochet a costa de la autodeterminación institucional del pueblo chileno.
Al trasladar esa mirada al contexto actual, el parangón resulta inevitable. Por un lado, se comprende el alivio que genera en diversos sectores la remoción de Nicolás Maduro, un hecho donde la presión de Washington resultó determinante. Sin embargo, cuando se disipa el polvo de la maniobra política, la realidad emergente revela profundas contradicciones. La molestia ciudadana resuena al constatar que la arquitectura impuesta deja intactas o legitimadas a estructuras operativas señaladas por graves irregularidades, permitiendo que antiguos actores continúen ostentando la representación del Estado venezolano.
Esta encrucijada deja al descubierto el pragmatismo con el que la diplomacia extranjera suele gestionar sus objetivos estratégicos. Tal como ocurrió en el Cono Sur durante el siglo pasado, la prioridad de las potencias dista de un compromiso ético con el bienestar institucional de un país; la prioridad sigue afianzada en la estabilidad geoterritorial y el control directo o indirecto sobre los recursos energéticos y minerales estratégicos de la nación.
Frente a este escenario de tutelaje implícito y maniobras tras bastidores, corresponde preguntarnos: ¿cómo debe actuar el pueblo en su condición de soberano?
La respuesta se encuentra indisolublemente vinculada al mandato supremo de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece con absoluta claridad que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la ley e indirectamente mediante el sufragio. Este precepto constitucional no es una abstracción teórica; es el límite infranqueable ante cualquier pretensión externa o acuerdo de cúpulas.
Complementariamente, el artículo 1 de la norma fundamental consagra la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional como derechos irrenunciables de la nación. Permitir que factores externos decidan la conducción del país mientras se consolida la impunidad de actores comprometidos con la gestión saliente viola directamente el espíritu de estos principios superiores.
Por tanto, la actuación del soberano debe centrarse en la activación consciente de los mecanismos de participación ciudadana y en la exigencia inquebrantable del restablecimiento del Estado de derecho, el respeto irrestricto al debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional y la rendición transparente de cuentas. La verdadera reconstrucción de la República no vendrá impuesta desde capitales extranjeras ni aceptando acomodos con viejas estructuras; la soberanía no se negocia ni se delega, se ejerce con la Constitución en la mano.
