El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que la privación de libertad del expresidente peruano Pedro Castillo presenta irregularidades y recomendó al Estado peruano adoptar medidas para su liberación, además de reparar las afectaciones que, según el organismo, se habrían producido durante el proceso.
El informe sostiene que la detención de Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso, vulneró garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada. El documento señala cuestionamientos sobre la forma en que se produjo su arresto y las decisiones posteriores adoptadas por las autoridades peruanas.
Los expertos de la ONU recomendaron que el Gobierno peruano revise la situación jurídica del exmandatario y otorgue medidas de reparación, aunque sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante para los Estados.
La decisión internacional reabre el debate político y jurídico en Perú, donde sectores que respaldan a Castillo consideran que confirma sus denuncias sobre una persecución política, mientras que sus críticos sostienen que el proceso debe continuar por la responsabilidad que le atribuyen en el intento de ruptura del orden constitucional.
Castillo permanece detenido mientras enfrenta procesos judiciales derivados de los acontecimientos de diciembre de 2022, cuando anunció medidas contra el Congreso y la reorganización de instituciones del Estado, acciones que fueron calificadas por sus opositores como un intento de golpe de Estado.
