Cinco años después de recuperar el poder, los talibanes mantienen a Afganistán sumido en una profunda crisis de derechos humanos, económica y humanitaria.
El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron en Kabul y retomaron el control del país tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y sus aliados. Cinco años después, el régimen presenta su regreso como una victoria y destaca la estabilidad y la seguridad alcanzadas. Sin embargo, la ONU y organizaciones internacionales denuncian un deterioro sistemático de las libertades fundamentales.
Las principales víctimas son mujeres y niñas. Las autoridades talibanes les han prohibido acceder a la educación secundaria y superior y han impuesto severas restricciones para trabajar, desplazarse y participar en la vida pública. Según Naciones Unidas, alrededor de 2,4 millones de niñas están actualmente fuera de la escuela secundaria.
La represión también alcanza a periodistas, activistas, opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos. Human Rights Watch denunció recientemente la detención de seis trabajadores de una organización afgana dedicada a defender los derechos de mujeres y niños.
A ello se suma una grave crisis humanitaria. La pobreza, la falta de empleo, la sequía, los terremotos y la reducción de la ayuda internacional han agravado las condiciones de vida de millones de afganos. Las organizaciones humanitarias advierten que las necesidades continúan aumentando mientras disminuyen los recursos disponibles.
El régimen talibán continúa además prácticamente aislado del reconocimiento internacional formal. Rusia es actualmente el único país que lo reconoce oficialmente, aunque otras naciones mantienen contactos diplomáticos por razones de seguridad, migración y comercio.
Cinco años después de aquella dramática caída de Kabul, Afganistán sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de cómo la pérdida de libertades puede afectar especialmente a una población femenina prácticamente expulsada de la vida pública.
