El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, marcó distancia con la posición del Ejecutivo al ratificar públicamente su pedido de salida del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.
“Estoy dentro de aquellos que desde hace meses pide la salida de Arriola. No voy a retroceder en mi posición”, afirmó Sheput.
El titular de Trabajo explicó que su posición no responde a los últimos hechos de violencia registrados en el país, sino que la mantiene desde antes de incorporarse al Gobierno de Keiko Fujimori. Según señaló, Arriola formaba parte de un grupo de oficiales que, desde su perspectiva, estuvo involucrado en situaciones que consideró controversiales.
Sheput también sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe considerar la percepción de la población. A su juicio, si un funcionario no genera confianza ante la ciudadanía, ese factor debe ser tomado en cuenta al momento de evaluar su permanencia.
Su pronunciamiento se produce después del secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, hechos que han provocado nuevos cuestionamientos a la estrategia del Gobierno frente al avance del crimen organizado.
La posición del ministro contrasta con la expresada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo. Ambos han señalado que la permanencia de Arriola continúa en evaluación.
Fujimori recordó que la legislación establece un periodo de dos años para el comandante general de la PNP, mientras que Astudillo afirmó que todos los integrantes de la institución se encuentran bajo evaluación. El ministro del Interior también calificó a Arriola como un oficial “técnicamente calificado”, aunque aclaró que ello no constituye un respaldo definitivo a su permanencia.
Con su pronunciamiento, Sheput se convierte en el primer integrante del actual gabinete que reclama públicamente la salida de Arriola, evidenciando una diferencia dentro del propio Ejecutivo sobre la conducción de la Policía y la respuesta frente a la creciente inseguridad.
La decisión final sobre la continuidad del comandante general de la PNP corresponde ahora al Ejecutivo, en un escenario marcado por la presión política y ciudadana para obtener resultados concretos contra el crimen organizado.
