El excongresista republicano David Rivera fue condenado a diez años de prisión federal por actuar de manera encubierta como agente del Gobierno venezolano y lavar millones de dólares procedentes de un contrato destinado a influir en funcionarios estadounidenses.
Una jueza federal de Estados Unidos condenó a diez años de prisión al exrepresentante republicano por Florida David Rivera, después de que un jurado lo declarara culpable de actuar secretamente en favor del Gobierno venezolano sin registrarse como agente extranjero.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Melissa Damian, quien consideró probados los delitos relacionados con violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA, además de conspiración para cometer lavado de dinero y transacciones con fondos procedentes de actividades ilícitas.
Rivera, de 61 años, representó a Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2011 y 2013 y desarrolló durante años una carrera política caracterizada por sus posiciones críticas hacia los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Sin embargo, las investigaciones determinaron que posteriormente participó en actividades destinadas a favorecer los intereses del Gobierno venezolano durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.
Según las pruebas presentadas durante el juicio, Rivera y su colaboradora Esther Nuhfer obtuvieron un contrato por 50 millones de dólares con una subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
El acuerdo tenía como finalidad impulsar los intereses venezolanos en Estados Unidos y tratar de influir en las relaciones entre Washington y Caracas.
Los fiscales sostuvieron que Rivera realizó gestiones ante funcionarios estadounidenses, organizó reuniones y promovió contactos entre responsables políticos de ambos países sin registrarse ante el Departamento de Justicia como representante de un gobierno extranjero.
Entre los funcionarios estadounidenses con los que realizó gestiones figuraron el entonces senador Marco Rubio y el congresista Pete Sessions.
También se organizaron contactos con altos funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro y quien entonces ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.
Durante el juicio se presentaron mensajes de texto y otras comunicaciones en las que Rivera y sus colaboradores utilizaron expresiones codificadas para referirse a las actividades que realizaban.
Las autoridades determinaron además que aproximadamente 1,5 millones de dólares procedentes del contrato fueron depositados en una cuenta relacionada con una campaña política estatal de Rivera entre marzo de 2017 y agosto de 2018.
La investigación permitió seguir el recorrido de parte del dinero mediante diferentes operaciones financieras que posteriormente fueron utilizadas como elementos probatorios durante el proceso judicial.
Rivera había sido declarado culpable en mayo, después de un juicio federal celebrado en Miami, mientras que la lectura definitiva de la sentencia fue pospuesta durante varios meses.
Antes de conocer su condena, el excongresista pidió clemencia al tribunal y defendió su trayectoria política. También negó haber trabajado deliberadamente para favorecer al Gobierno venezolano y recordó sus relaciones con dirigentes opositores de ese país.
Su colaboradora Esther Nuhfer también fue declarada culpable por delitos relacionados con el mismo esquema y recibió previamente una condena de cinco años de prisión federal.
El caso constituye una de las investigaciones más relevantes de los últimos años relacionadas con la aplicación de las leyes estadounidenses que obligan a declarar las actividades realizadas en representación de gobiernos extranjeros.
Las autoridades federales sostienen que las personas que actúan bajo las instrucciones o intereses de gobiernos extranjeros y realizan actividades políticas o de cabildeo dentro de Estados Unidos deben registrar y revelar públicamente esas relaciones.
Rivera deberá cumplir ahora la pena de diez años impuesta por el tribunal federal, una sentencia que cierra una de las principales etapas judiciales del proceso iniciado por sus actividades vinculadas con Venezuela.
