Dos vigilantes fallecieron y otras dos personas resultaron heridas durante una incursión armada en una bocamina vinculada a la minera Poderosa, en La Libertad. La compañía exige reforzar las operaciones contra la minería ilegal.
Un nuevo episodio de violencia sacudió la provincia de Pataz, en la región La Libertad, donde un ataque armado registrado en una bocamina vinculada a la Compañía Minera Poderosa dejó dos agentes de seguridad privada muertos y otras dos personas heridas, en medio de las disputas por el control de las zonas de extracción aurífera.
El hecho ocurrió el 6 de octubre, aproximadamente a las 8:00 de la noche, en el nivel 2410 de una bocamina situada en el sector Santa María-Beta Briana, dentro de una concesión perteneciente a la empresa minera.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Jherwin Cachique Ishuiza, de 24 años, y Marcial Ojanama Gonzales, de 42 años, quienes prestaban servicios de vigilancia para un minero artesanal que mantiene un contrato de exploración y explotación con Poderosa.
Los heridos fueron identificados como Vidal Tomás Villanueva Flores, de 34 años, y Armando Ferreyra Flores, de 30 años, quienes recibieron atención médica inicial en la zona y posteriormente fueron trasladados a Trujillo para recibir tratamiento especializado.
Un quinto trabajador consiguió salir ileso del episodio, de acuerdo con los reportes preliminares.
INVESTIGAN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ATAQUE
Las primeras informaciones señalan que el incidente habría comenzado con un enfrentamiento armado entre personal vinculado a las operaciones mineras y presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en la zona.
Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas de lo ocurrido y no han confirmado oficialmente la identidad de los atacantes ni sus motivaciones.
Otra de las hipótesis consideradas apunta a una posible retención de trabajadores dentro del socavón, aunque esta versión permanece bajo investigación.
Tras recibir la alerta, efectivos de la comisaría de Chagual y personal del Ejército, integrantes del Comando Unificado de Pataz, ingresaron a las instalaciones para atender la emergencia.
Durante la intervención localizaron los cuerpos de los dos vigilantes fallecidos y procedieron a coordinar las acciones necesarias para auxiliar a los heridos.
La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las diligencias destinadas a reconstruir los acontecimientos, determinar las responsabilidades e identificar a los autores del ataque.
También se dispuso el levantamiento y traslado de los cadáveres para continuar con los procedimientos correspondientes.
MINERA PODEROSA CONDENA LA VIOLENCIA
Mediante un comunicado, la Compañía Minera Poderosa condenó el ataque y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
La empresa precisó que el hecho ocurrió dentro de su concesión, específicamente en un área asignada a un minero artesanal con el que mantiene un contrato vigente.
Asimismo, explicó que, desde que tuvo conocimiento de la emergencia, brindó apoyo para la atención de las personas afectadas y coordinó el traslado de los heridos a establecimientos médicos de Trujillo.
La compañía señaló que mantiene comunicación con la Policía Nacional y las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En su pronunciamiento, relacionó este nuevo episodio con el avance de la minería ilegal y las organizaciones criminales que recurren a la violencia para intentar apropiarse de zonas de explotación y recursos minerales.
Poderosa advirtió que estas actividades representan una amenaza para la integridad de los trabajadores, la seguridad de las comunidades y el desarrollo de las operaciones mineras.
EXIGEN MAYORES RECURSOS DE SEGURIDAD
Ante la reiteración de hechos violentos, la empresa solicitó al Gobierno reforzar las capacidades operativas del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), así como de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El pedido contempla mayores recursos para enfrentar a las organizaciones que participan en actividades de extracción ilegal y que mantienen presencia en diferentes sectores de la provincia.
La solicitud se produce pese a que Pataz continúa bajo estado de emergencia, una medida adoptada por el Ejecutivo para facilitar las operaciones de seguridad frente a la criminalidad vinculada con la explotación aurífera.
El pasado 3 de octubre, el Gobierno prorrogó por otros 60 días esta disposición, debido a la persistencia de actividades delictivas y enfrentamientos armados en la zona.
No obstante, el reciente ataque demuestra que la presencia de fuerzas de seguridad y las restricciones extraordinarias todavía no han conseguido impedir nuevos episodios mortales.
UNA PROVINCIA GOLPEADA POR LA CRIMINALIDAD
Pataz se ha convertido en uno de los principales escenarios de violencia relacionada con la extracción ilegal de oro en el país.
Durante los últimos años se han registrado ataques contra instalaciones mineras, enfrentamientos entre grupos armados, asesinatos de trabajadores y acciones delictivas asociadas con la disputa por el control de los recursos auríferos.
La situación ha obligado a mantener operaciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de prolongar sucesivamente el estado de emergencia.
El nuevo ataque contra trabajadores vinculados a la concesión de Poderosa vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer la inteligencia policial, identificar las redes de financiamiento de la minería ilegal y establecer mecanismos efectivos de protección para quienes desarrollan actividades extractivas autorizadas.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo la incursión armada y determinar quiénes son los responsables de las dos muertes, en una provincia donde la violencia criminal sigue representando una amenaza permanente.
