Perú vive una jornada marcada por el cierre del conteo oficial de votos y nuevas protestas en las calles, en medio de acusaciones de fraude y llamados a respetar los resultados electorales.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene el conteo al 96,064% de actas procesadas, con una diferencia ajustada entre los principales candidatos y bajo la mirada crítica de sectores que cuestionan la transparencia del proceso. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha fijado el 7 de mayo como fecha límite para concluir el recuento y resolver eventuales impugnaciones, en un intento por dar previsibilidad al cronograma electoral. En paralelo, el organismo electoral insiste en que no existen indicios sistemáticos de fraude y defiende la cadena de custodia de las actas.
En Lima, ciudadanos se congregaron en el Campo de Marte y en otras plazas para protestar por un presunto fraude en las elecciones del 12 de abril, exigiendo una auditoría internacional del conteo. Portando banderas peruanas y pancartas con lemas contra el fraude, los manifestantes reclamaron mayor transparencia en la publicación de actas y cuestionaron el rol de los organismos electorales. Las concentraciones se desarrollaron bajo resguardo policial y, hasta el momento, no se han reportado incidentes graves.
Desde la comunidad internacional y diversos gobiernos de la región se ha enviado mensajes instando a Perú a culminar el proceso electoral dentro del marco constitucional y con pleno respeto a la voluntad popular. Organizaciones civiles han pedido a los actores políticos evitar discursos que alimenten la confrontación y, en su lugar, canalizar cualquier reclamo por las vías institucionales. Expertos en gobernabilidad advierten que una prolongación de la crisis poselectoral podría afectar la confianza de los inversionistas y retrasar decisiones económicas clave en los próximos meses.
