Recientemente, la República del Perú mantuvo, por parte de Fitch Ratings, la calificación BBB con perspectiva estable, lo que significa que tiene una capacidad sólida para cumplir con sus obligaciones financieras, aunque con riesgos moderados; y eso está vinculado a una gobernanza más débil. Esto quiere decir que hay factores que deben estar en verdadera sinergia, porque de lo contrario habría desbalance en la ecuación.
Por consiguiente, me voy a referir a un par de factores: la economía y la política. Se podría decir, por ejemplo, que son como esas gemelas que saben que nacieron juntas y son susceptibles una de la otra; si una se enferma, le pasa igual a la otra. Incluso, si no se soportan, saben que deben estar unidas; de lo contrario, habría consecuencias para sus relaciones personales, porque se resquebraja.
Sin embargo, hay elementos que pueden hacer de esta unión un completo caos; es decir, lo social, que, debido a su influencia, determina —negativa o positivamente, según el caso— la fortaleza o el debilitamiento de sus bases gobernativas.
Se plantea entonces el problema: recientemente, en la nación ocurrió un hecho que sacudió a la sociedad. En un concierto de un grupo musical hubo un atentado que dejó un saldo de heridos. Esto llevó al hartazgo del país respecto a la delincuencia, tambaleando la política; pero la economía se mantuvo tranquila debido a lo rápido de la solución, ergo, no hay que cantar victoria, porque los efectos están corriendo y solo a largo plazo se verá si no se deteriora. En otras palabras, muestra la salida, pero no de emergencia.
De tal forma, hubo cambio en el Poder Ejecutivo, destituyendo a la presidente de acuerdo con la Constitución y asumiendo, por ley, el presidente del Congreso. O sea, game over.
De hecho, este cambio llevó como consecuencia atacar de primero la delincuencia, con enfoque especial en las cárceles, por el tema de las bandas que allí tenían su guarida, y en las comunicaciones, por el tema de las extorsiones.
Al respecto, debo decir que, en el ámbito de las comunicaciones, se dio una medida desmedida al limitar la entrega de líneas telefónicas mediante un control más estricto en lo que concierne a la venta de chips, sin dar la opción de adaptar una normativa que permita a cientos de ciudadanos que dependen de los pequeños establecimientos el desarrollo normal de este rubro, -como se venía haciendo- caso contrario, se llevaría a la quiebra a unas cuantas miniempresas a nivel nacional.
¿Por qué lo digo?
El Gobierno dispuso la prohibición de venta ambulatoria de chips (jalador: persona que, de forma persuasiva, busca atraer clientes hacia un negocio o servicio), sin tomar en cuenta los miles de familias que se sustentan de manera directa e indirecta, despertando incertidumbre en el mercado y afectando los ingresos.
Ahora bien, el Gobierno prohibió este mecanismo, obligando a mucha gente a quedar en la calle sin empleo, y los pequeños comerciantes quedaron sin beneficios justo cuando se apertura la temporada decembrina. Después, ¿cómo pagarán, entre otras cosas, los impuestos municipales y nacionales?
Esto quedó sujeto a la aprobación de normativas por parte de OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) para poder operar. Sin embargo, mientras se aprueban, ¿qué sucederá con estos pequeños empresarios? Tendrán que cerrar, y habrá más desempleo. Lo lógico sería dar un lapso legal para ponerse a derecho sin dejar de percibir ingresos, por supuesto, fiscalizados por los organismos de seguridad, de manera que la venta de estos chips se haga de acuerdo con el marco vigente.
En este mismo contexto, aunque la economía se mantiene estable, no deja de ser una línea delicada con la política, capaz de generar muchos problemas a los inversores extranjeros que necesitan ver estabilidad y sentir el valor más importante en este ámbito: la confianza. Es deber de este gobierno de transición crear ese clima y lograr una tranquilidad social que permita llegar con serenidad a las elecciones del 2026.
Finalmente, las políticas públicas diseñadas desde el Estado determinan el rumbo de la economía nacional, influyendo en aspectos clave como la inversión, el empleo y la distribución de la riqueza. A su vez, la situación económica condiciona las posibilidades y límites de la acción política, modelando el alcance de las reformas y el modo en que la ciudadanía percibe la legitimidad de sus gobiernos.
Una articulación efectiva entre ambos ámbitos puede generar entornos favorables para el crecimiento sostenible y la cohesión social; mientras que la desconexión o el enfrentamiento entre economía y política suele derivar en desequilibrios, incertidumbre e inestabilidad institucional. Por ello, el diálogo constante y la coordinación estratégica entre agentes políticos y económicos resultan indispensables para promover sociedades más justas, competitivas y resilientes.
