Desde la intervención norteamericana del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela se vislumbró una puerta de esperanza para salir de la tragedia de corrupción, represión, tortura y caos social en la cual la sumergió la revolución dictatorial bolivariana. Estados Unidos definió su accionar en Venezuela como un proceso para combatir el narcotráfico, el terrorismo y restablecer la democracia, así como enviar un mensaje a Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos autoritarios se han convertido en focos de desestabilización que afectan la seguridad norteamericana y la del continente.
Pero, a más de cuatro meses, los cambios en Venezuela parecen no ser tan rápidos como la situación de crisis lo amerita. Estos solo se han visto en las leyes de explotación de hidrocarburos y minería, en el retorno al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, en una Ley de Amnistía limitada y en un aumento general de salarios pírrico e irrelevante frente a la crisis económica.
También hay que resaltar la apertura de la Embajada norteamericana en Caracas y la visita de altos personeros del gobierno estadounidense, hechos que han permitido un clima político y social distinto en el país, reflejado en masivas marchas de protesta y reclamos de trabajadores y familiares de centenares de presos políticos, las cuales no han sido reprimidas duramente como en el pasado. Asimismo, se percibe una menor censura hacia medios de comunicación independientes y críticos del gobierno. Otro hecho notorio es la poca o nula presencia de la Fuerza Armada de Venezuela en el actual escenario político; se puede deducir que la administración Trump la ha devuelto a sus cuarteles.
Todavía en el país siguen vigentes leyes contra el odio y el terrorismo, utilizadas por el gobierno venezolano para detener y encarcelar a cualquier ciudadano que critique a la actual presidenta encargada. Otro aspecto cuestionado son los cambios en la fiscalía general de la República, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, donde simplemente se han nombrado personas afines a la revolución bolivariana y al régimen dictatorial, permitiendo a los usurpadores sostenerse en el poder.
La situación política, económica y social venezolana continúa deteriorándose. Los ciudadanos no ven los beneficios anunciados por Donald Trump, quien llegó a afirmar que estaban ingresando millones de dólares al país y que esos recursos se destinarían a mejorar salarios y condiciones de salud. Incluso manifestó que los venezolanos bailaban en las calles celebrando los cambios; sin embargo, una reciente encuesta nacional revela que, en los últimos 30 días, el apoyo a Trump cayó del 70 % al 40 %.
Muchos analistas y políticos venezolanos coinciden en que el plan de tres fases del gobierno norteamericano está mal dirigido y mal estructurado. Dicho plan comprende tres etapas, sin tiempo definido: estabilización, recuperación y transición. Resulta evidente que dejar la recuperación y estabilización del país en manos de quienes lo destruyeron parece una torpeza y necedad del Departamento de Estado norteamericano, que apuesta a pasar luego a la transición. Hasta ahora no se perciben avances ni cambios profundos, algo lógico si se considera que quienes manejan el proceso están más interesados en conservar el poder y evadir sus responsabilidades judiciales y penales por la cantidad de crímenes y actos de corrupción cometidos durante el ejercicio del poder. Es evidente que Estados Unidos se está equivocando y que urge rectificar el plan para evitar un estallido social provocado por la desilusión popular.
Estados Unidos, como país que tiene el tutelaje del gobierno venezolano, debe rectificar el orden de ese plan de tres fases y comenzar con la transición para luego lograr la estabilización y la recuperación. Para ello debería colocar en la vicepresidencia de Venezuela a Edmundo González o a Juan Pablo Guanipa, a fin de garantizar transparencia y consenso en los cambios necesarios. Asimismo, exhortar a la Asamblea Nacional a derogar las leyes creadas para maniatar y criminalizar la disidencia política y la libertad de expresión, además de nombrar un Consejo Nacional Electoral integrado por personas sin filiación partidista, que garantice imparcialidad y transparencia en los futuros procesos electorales, claves para estabilizar el país.
Lo anteriormente mencionado resulta muy necesario. Lo sucedido con el preso político Víctor Hugo Quero revela la podredumbre del actual gobierno. La madre de esta víctima recorrió distintas prisiones y organismos policiales buscando a su hijo y, en todas esas entidades, negaron que estuviera detenido y no ofrecieron información sobre su paradero o existencia. Ante la insistencia de la madre y la presión de organismos de derechos humanos, el Ministerio Penitenciario de Venezuela informó que el ciudadano detenido había fallecido el 24 de julio de 2025 en un hospital militar debido a complicaciones de salud.
Esta noticia revela el alto grado de crueldad y criminalidad de la revolución dictatorial bolivariana y deja claro que dicha muerte era conocida por el ministro Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, el fiscal general de ese momento y los hermanos Rodríguez. La rectificación del Departamento de Estado norteamericano en Venezuela es urgente: el país no puede estabilizarse ni recuperarse en manos de delincuentes y criminales.
