La economía venezolana atraviesa una nueva etapa de alta volatilidad tras el último reporte del Banco Central de Venezuela (BCV), que fija la tasa de cambio oficial para el 11 de noviembre de 2025 en 231,0938 bolívares por dólar. Este ajuste marca un incremento sostenido en el valor de la divisa extranjera y se traduce en una aceleración de los precios de bienes y servicios básicos, elevando la presión sobre los hogares venezolanos y complicando el acceso a productos esenciales.
Expertos económicos advierten que la inflación, lejos de estabilizarse, muestra un patrón de crecimiento persistente que erosiona el poder adquisitivo, golpeando con especial fuerza a los sectores más vulnerables. En mercados populares y supermercados de Caracas y otras ciudades, se evidencia una constante variación en precios, donde la depreciación de la moneda local obliga a comerciantes y consumidores a adaptar sus estrategias de gasto y ahorro diariamente.
El entorno político no contribuye a la tranquilidad de los mercados. El presidente Nicolás Maduro responsabilizó públicamente tanto a sectores de la oposición como a gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, de promover medidas de presión como sanciones y bloqueos que agravan el cuadro económico. Desde el Ejecutivo se insiste en que la continuidad de los programas sociales y la estabilidad cambiaria dependen de la resistencia del país ante los intentos de desestabilización externos.
En este clima, analistas internacionales y entes independientes señalan que las iniciativas de control y estabilización fiscal del gobierno venezolano resultan insuficientes para revertir la tendencia inflacionaria. El desafío principal sigue siendo la reconstrucción de la confianza en la moneda y la recuperación de la capacidad productiva nacional, mientras se multiplican los llamados para un diálogo político que permita encontrar soluciones estructurales.
