El debate actual sobre la renovación de las más altas instancias del sistema de justicia en Venezuela, tras los recientes cambios derivados de las mesas de diálogo y los ajustes en el número de magistrados por parte de la Asamblea Nacional, obliga a realizar una revisión dogmática profunda que supere la simple aritmética de las plazas vacantes. No se trata únicamente de dilucidar cuántos jueces asumirán los cargos tras quedar sin efecto el proceso que congregó a 561 aspirantes, ni de equilibrar la cifra de magistrados titulares frente a los 32 escaños fijados por las reformas recientes. El problema medular radica en una disfunción estructural que afecta la esencia misma del Estado de derecho: la erosión de la independencia judicial y la desnaturalización de los contrapesos constitucionales.
Para comprender la magnitud de esta crisis, es imperativo acudir a los fundamentos del derecho público y al texto constitucional. De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución de 1999, el máximo juzgado no solo detenta la cúspide de la función jurisdiccional, sin admisión de ulteriores recursos, sino que ostenta la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, abarcando la inspección de los tribunales, las defensorías públicas y la ejecución de su propio presupuesto. Esta concentración de potestades administrativas y financieras, sumada a precedentes donde se asumieron competencias de índole electoral, evidencia que cualquier proceso de reestructuración carece de legitimidad democrática si no se corrigen los vicios de origen en los métodos de selección.
Frente a esta realidad adversa, el norte institucional que debe reactivarse exige rescatar el espíritu transformador de la norma fundamental. La transformación real de lo vivido no se logra maquillando los comités de evaluación, sino restituyendo de manera imperativa el mandato del artículo 270 de la Carta Magna, el cual concebía originariamente al Comité de Postulaciones Judiciales como un órgano asesor del Poder Ciudadano, integrado de forma plural y genuina por representantes de los sectores de la sociedad civil, las facultades universitarias y los gremios profesionales. Desplazar la hegemonía partidista y devolverle el protagonismo a la academia y al mérito técnico es el primer paso ineludible para garantizar que las togas respondan a la ciencia jurídica y no a consignas de turno.
Las consecuencias de este apartamiento histórico del rigor técnico no han pasado desapercibidas, acumulando duros señalamientos de organismos internacionales de protección de los derechos humanos y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos respecto de la tutela judicial efectiva. Por ello, la solución definitiva a esta séptima renovación no admite parches normativos ni procesos sobrevenidos condicionados por la coyuntura. Se exige un retorno estricto a las garantías constitucionales, donde la administración de justicia se fundamente en la probidad intachable, la carrera judicial meritocrática y la separación absoluta de poderes. Solo de esta manera se podrá edificar un sistema judicial sólido, creíble y verdaderamente garante de la paz social y la seguridad jurídica.
